Por Jorge Gallardo
Cuando el país observa indignado cómo a la pandemia se la envenena con irregularidades en el ámbito de la contratación pública, es imposible no relevar el otro lado de la medalla, aquella que está impregnada de transparencia, seriedad, sujeción a la norma legal establecida; cuidando con particular esmero el buen manejo de los dineros de los contribuyentes.
La adquisición, durante la emergencia, de 425.000 Pruebas Rápidas de Covid-19, para ser usadas en favor de los habitantes del cantón Guayaquil, en la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri, a través de la Dirección de Salud, es ejemplo de práctica honesta en el manejo de la cosa pública: con dieciocho invitaciones a igual número de proveedores, un proceso abierto para todos los que quisieron sumarse, bases claras para concursar, con la documentación de rigor que exige la norma, condiciones precisas de negociación y tiempo de entrega.
Entre las firmas aspirantes, siete presentaron propuestas contundentes, abriendo paso al estudio de los detalles requeridos. Una labor de peso que la cartera municipal de salud debió ejercer, empezando con un análisis exhaustivo y verificación del cumplimiento en Derecho y Financiero. Así, con la responsabilidad a cuestas y una carrera contrarreloj, elaboraron el respectivo Informe, descartando a seis de los concursantes, fundamentalmente por no acreditar la experiencia necesaria exigida, correspondiente a 10 años en la venta y/o distribución de insumos médicos y otros temas en contra, como: deudas al SRI o Registro Único de Proveedores (RUP) inhabilitado. Un panorama distinto al de la compañía adjudicada, que cumple legítimamente con aspectos legales y técnicos, además, certificaciones de la Comunidad Europea y por la aplicación de Buenas Prácticas y Permisos, reconocidos por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
En la crisis sanitaria, los escenarios son múltiples y el servicio público el mismo, cuando del ejercicio de funciones y el manejo de fondos, se trata. Sin embargo, ante un virus del cual nadie conoce su comportamiento a ciencia cierta, mayor es el gasto frente a una exigente demanda. De allí surge una de las misiones más importantes para el Cabildo Porteño, con un principio basado en la buena gobernanza; disuadiendo cualquier intento de corrupción a mínima y gran escala, garantizando procedimientos en condiciones justas y equitativas.
Difícil –no imposible-, que una actuación correcta, parte misma de un modelo de gestión, intolerable con prácticas ilegales, pueda cuestionarse. Merecerá por eso, la confianza y el respaldo ciudadano.