Focus Ecuador
A DOS AÑOS DE INAUGURADA LA PLANTA DE LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL, EN BAJO ALTO, PROVINCIA DE EL ORO, SE DETECTARON MILLONARIAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS, FALLAS EN SU CONSTRUCCIÓN Y EL HUNDIMIENTO DE LA PLATAFORMA. LA OBRA EXHIBIDA EN LOS PORTAFOLIOS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA, DEL VICEPRESIDENTE JORGE GLAS, LE COSTÓ AL PAÍS CERCA DE 60 MILLONES DE DÓLARES, Y FUE CONSTRUIDA PARA BENEFICIAR PARTICULARMENTE A EMPRESAS DE CERÁMICA. CONOZCA SUS NOMBRES.
Mientras el gobierno avanza en su proyecto de focalización y eliminación del subsidio al gas de uso doméstico (GLP), a través de la introducción de las cocinas a inducción, la empresa pública EP Petroecuador financió la construcción de una planta de licuefacción de gas natural (GNL), en USD$ 60 millones, para beneficio casi exclusivo de empresarios privados, entre estos, el grupo Eljuri de Cuenca. La generosidad del régimen no solo le costó al país financiar esa obra, sino que ahora, le está pasando al pueblo otra factura aún más costosa: según estudios de fiscalización realizados por la Contraloría General del Estado (CGE), la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y la consultora internacional Worley Parsons, la planta experimenta graves fallas en su estructura y el hundimiento de la plataforma, lo que pone en riesgo su operación. Además, deja millonarias pérdidas al país por cuanto no cumple con los objetivos para los que fue construida.
LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA
Al amparo de un régimen de excepción, decretado por el presidente Rafael Correa, en el sector hidrocarburífero, desde el año 2007 (y renovado 16 veces), y con la consigna de que en tiempos de revolución los cambios hay que “hacerlo rápido y hacerlo bien“, el 4 de mayo de 2009, EP Petroecuador y la empresa española, Rox Roca Indox Cryo Energy S.L.U, sin licitación previa, celebraron el contrato para la provisión, instalación y puesta en marcha de una planta de licuefacción de gas natural, ubicada en el sector de Bajo Alto, cantón El Guabo, provincia de El Oro, con una capacidad de 200 toneladas métricas por día (TMD), provenientes del campo Amistad. La licuefacción es un proceso por el cual se somete el gas natural a temperaturas por debajo de los 160 grados centígrados, pasando a estado líquido para su transporte.
El costo inicial de esta obra fue de USD 55 millones, sin embargo, hasta la fecha ha superado los 60 millones, debido a gastos adicionales de reparación y fiscalización. A los costos directos del proyecto se deben sumar 10 millones en pérdidas por sub utilización de la planta (cuantificadas durante el tiempo de la auditoría); 80 millones de indemnización que Ecuador pagó a la multinacional Energy Development Company (EDC), por la infraestructura del bloque Amistad y la generadora térmica Machala Power; además de millonarias inversiones en perforación de pozos en el Golfo, a través de la empresa Petrex que le factura al Estado 114 mil dólares diarios por la operación de un taladro subcontratado. Este tema será abordado en una próxima entrega.
El grupo Cerámico, del grupo Eljuri, con comunicación de 19 de agosto de 2011, solicitó al subsecretario de Desarrollo de Gas Natural y Derivados del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, se les asigne la cantidad de 255 TMD para sus industrias: C.A Ecuatoriana de Cerámica, Rialto S.A, Italpisos S.A, Hyppo Co, Cerámica Andina C.A, Esfel S.A, Kerámicos S.A. En respuesta, el entonces ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, con oficio 41-SN-DGN-CDH-2011, de 26 de agosto de 2011, asignó a las empresas Graiman y Edesa, un cupo de 100 TMD, y 100TMD adicionales al grupo Cerámico de la ciudad de Cuenca. Una forma de subsidio indirecto en beneficio de un grupo económico privado.
Bajo Alto fue la consecución de un anhelo empresarial del magnate ecuatoriano Juan Eljuri, que desde inicios del gobierno de su amigo Rafael Correa, planteó varias iniciativas orientadas a facilitar la provisión de energía barata para la industria de la cerámica: subsidios al diesel importado y la construcción de una planta de licuefacción de gas natural, eran dos proyectos tratados al más alto nivel gubernamental. El gobierno aceptó la iniciativa privada sin presentar reparos. En el transcurso de la construcción de la planta, se intentó proveer de diesel subsidiado a la empresa Cerámico pero la iniciativa no prosperó debido a críticas de sectores de la oposición.
SE HUNDE BAJO ALTO
Fotografías de diversos sitios de la plataforma donde se asienta la planta de gas: se puede advertir las fracturas en algunos casos hasta de 20 centímetros.
A partir de abril de 2013 se empezó a evidenciar hundimientos en la estructura física de la planta y fallas estructurales en su construcción. La situación no pudo ocultarse por más tiempo y el 16 de diciembre del mismo año, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), dispuso la intervención a la planta; además, mediante resolución ARCH-396-2013, nombró una comisión técnica de investigación. La Comisión solicitó a EP Petroecuador la contratación de una empresa para fiscalizar los trabajos de la contratista ROS ROCA INDOX. En marzo de 2014, se suscribió el contrato de fiscalización y asesoría técnica con la empresa Worley Parsons International Inc., (WP).
La Comisión solicitó a EP Petroecuador la contratación de una empresa para fiscalizar los trabajos de la contratista ROS ROCA INDOX.
Hasta junio de 2015 se han realizado al menos tres estudios técnicos sobre las fallas en Bajo Alto: un informe es de WP, otro de la Comisión Técnica de la ARCH, y se espera en los próximos días un tercer informe de la Contraloría, organismo que el 2013 ya realizó un primer examen especial a la construcción de la planta, alertando sobre los perjuicios económicos.
Medio año después de contratada la fiscalización (septiembre 2014), Worley Parsons emitió el reporte técnico al diseño de remediación planteado por ROS ROCA INDOX CRYO ENERGY S.L.U., desaprobando el modelo de obras civiles propuesto por la empresa española, concluyendo que el mismo no garantiza la estabilidad de la obra y las condiciones de seguridad de la planta. La fiscalizadora no solo investigó la propuesta de remediación de las fallas, sino toda la obra.
EL INFORME DE WORLEY PARSONS
En efecto, Worley Parsons, hizo una evaluación técnica integral de la información de las bases, criterios de diseño y memorias de cálculo completas, y concluyó que la mayoría presentaban graves deficiencias.
Fiscalizó la ingeniería geotécnica y estructural; hizo una revisión de la construcción, inspección física de los equipos y sistemas de planta, encontrando observaciones en los parámetros de la planta, ratio de regulación, unidad receptora del gas de alimentación, pre filtración, sistema de pre tratamiento de gas, turbinas, planta de obtención y almacenamiento de nitrógeno, almacenamiento de GNL, tuberías y obra mecánica, cargadores de cisternas de GNL, sistema de recuperación de boil off, sistema de aprovechamiento de gas, sistema de antorcha, equipo de protección de incendios e instalación, sistema de tratamiento de agua, sistema de rociadores contra incendios y mangueras, monitores contra incendios, instrumentación y control, sistema de licuefacción de nitrógeno y gas natural, sistema ESD, sistema de monitoreo de gas, agua de refrigeración, sistema de generación de energía eléctrica, grupo generadores, sistema de media tensión, sistema de back up, instalaciones en campo, sistema de puesta a tierra, sistema de medios de calentamiento, sistema de aire para la planta e instrumentos, efluentes de agua, obra civil, cimentación de tanques de almacenamiento y equipos operativos, unidad de refrigeración, licuefacción y reporte de revisión de la integridad mecánica.
INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA ARCH
De igual forma, los días 22 y 23 de enero del 2015, la Comisión de Intervención (ARCH), realizó una inspección in situ de la planta, detallando la gravedad de la situación: se verificó que las losas perimetrales de los tanques han sufrido fallas por tracción o se han fisurado en gran proporción; se evidencia también, un hundimiento de aproximadamente 8 cm de altura de las mismas. En referencia a las condiciones de las bombas criogénicas, el informe señala que los perfiles metálicos utilizados como columnas con placas de anclaje en las tuberías aéreas de despacho de GNL, se encuentran sobre la losa a una altura de 3 cm.
Se constató, igualmente, la colocación del micropilotaje alrededor de áreas de las losas que sostienen las bombas, distancia tomada en el sitio, de 1 m en el eje X y de 1,20 m en el sentido Y también se verificó un desnivel existente entre las losas en donde se encuentran los 6 tanques de almacenamiento de 200 m3 cada uno, y las losas en donde están instaladas las bombas criogénicas.
En relación con la planta de generación de nitrógeno, el informe señala que “es muy notorio un asentamiento diferencial, lo que ocasiona esfuerzos entre equipos y tuberías, además se encuentran colocados los micro pilotes alrededor de la losa que soporta los equipos de generación“. Respecto al intercambiador de calor, se señala que “es apreciable la falta de aislamiento térmico a la salida del equipo, lo que ocasiona una formación agresiva de escarcha“.
Estación medidora: “En este sector se encuentra el tanque de condensado V-8000, que presenta hundimientos en la losa, de igual manera, existe un eje roscado que manualmente se lo regula de manera de compensar las variaciones de posición de las tuberías ocasionada por los hundimientos. Se observa la colocación de micropilotes alrededor de la losa“.
Sistema de recuperación de gas (Boíl off): “Este equipo no se encuentra instalado“
Cuarto de generadores: “En el cuarto de generadores existen 10 equipos, cada uno con una capacidad de 1 MW, algunos de ellos tienen fallas, y los generadores # 8 y # 10 se encuentran fuera de operación“.
Corrosión: “Debido a un inadecuado mantenimiento preventivo por parte de la contratista, existen sectores en la planta donde es bastante notoria la presencia de corrosión en pernos, tuercas, acoples de los diferentes equipos que conforman la planta“
Finalmente, sobre la base de estos informes, y luego de más de 2 años de haberse detectado las fallas, el 2 de marzo de 2015, el gerente de Transporte de EP Petroecuador, dio por terminado en forma unilateral y anticipada el contrato con ROS ROCA INDOX, y declaró la emergencia en el sector, asumiendo directamente los costos de reparación de la planta y las consecuencias operativas y económicas de la grave situación.
Focus confirmó que un primer rubro adicional de costos por la reparación de la planta, llega a los U$ 6 millones, sin considerar el pago a la fiscalizadora Worley Parsons que sobrepasa los U$ 2 millones, un contrato que tampoco escapa al escrutinio y a los cuestionamientos.
TODO ESTÁ MAL, HASTA LA FISCALIZACIÓN
Lo único cierto en Bajo Alto, es que constructores y fiscalizadores se movieron al margen de la ley. Esto se verifica en los informes de las investigaciones. La contratación de la fiscalizadora Worley Parsons, también está en el ojo de las críticas. La primera novedad es su contratación fuera de concurso. El aval lo dio su condición de estar presente en otros contratos públicos, como en las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico.
En febrero de 2014 se formalizó un primer contrato con WP por USD 1 millón, luego se suscribieron dos adicionales, llegando a USD 2 millones, aproximadamente. Sin embargo se pudo detectar que se facturaron rubros de fiscalización a pesar de que aún no se iniciaban los trabajos de obras civiles, y, cuyos diseños no cumplían las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción.
Se cuestiona el costo de U$ 2153 por hora trabajada, un rubro que está encima de los estándares locales e incluso internacionales, por trabajos de fiscalización.
En el informe se señala que, las autoridades de Ep Petroecuador suscribieron los dos contratos adicionales con Worley Parsons, cuando las obras de remediación ya estaban suspendidas, lo que ocasionó un pago indebido de USD 735 mil 468 dólares por horas de trabajo inexistentes. Existen varios casos en los que ingenieros de WP facturaron por días trabajados en Bajo Alto, cuando en esas mismas fechas aparecen cobrando en la refinería de Esmeraldas, donde también laboran.
En el informe se señala que las autoridades de Ep Petroecuador suscribieron los dos contratos adicionales con Worley Parsons, cuando las obras de remediación ya estaban suspendidas, lo que ocasionó un pago indebido de U$ 735 mil 468 dólares por horas de trabajo inexistentes.
ELJURI SOLICITA A RAFAEL CORREA SUBSIDIO
Los trabajos de fiscalización no fueron recibidos por Petroecuador. La consultora Worley Parsons no les presentó el informe final provisional y tampoco las garantías de fiel cumplimiento, violando sistemáticamente la normativa de contratación pública.
Hasta que Petroecuador concluya los trabajos en Bajo Alto, el grupo Eljuri no perdió tiempo para pedir al gobierno precios del diesel con subsidio estatal para sus plantas de cerámica. El 28 de julio de 2010, Jorge Talbot, vicepresidente administrativo financiero de Cerámico, solicitó a Wilson Pastor, entonces ministro de Recursos Naturales, se reforme el artículo 7 del decreto Ejecutivo 338 –promovido por el mismo Rafael Correa, cuando fue Ministro de Finanzas-, en el cual se incluye a los productores de cerámica dentro de las industrias que deben pagar el precio internacional del diesel para la realización de sus operaciones, lo que presuntamente generaba problemas de competitividad y pérdida de mercado, con sus similares de Colombia y Perú.
El grupo Eljuri aseguraba que el costo de producción de un metro cuadrado de cerámica era de U$ 5,68, del cual el 39,61% correspondía al costo del diesel. Cerámico pretendía la entrega del diesel subsidiado a USD 0,74 el galón, en lugar del precio real de importación, USD 2,25 el galón, según se desagrega en el siguiente cuadro:
Elaboración: Grupo Cerámico Ecuador
A la fecha de la propuesta, el costo de producción del metro de cerámica en Perú era de USD 3,22, y en Colombia de USD 3,30, lo cual revelaba que, aunque el Estado subsidiara el diésel al grupo Cerámico, su estructura de costos no le permitía reducir sino a USD 4,17 el metro, con lo cual, por razones estructurales internas, la empresa continuaría presentando problemas de competitividad con los países vecinos, sin mencionar que en los referidos países, las plantas cerámicas no reciben ningún subsidio al combustible por parte del Estado.
Ante este pedido, la entonces ministra de Industrias Verónica Sión, después de ser comunicada sobre la petición del grupo, en forma inmediata y sin estudios de sustento, el 5 de agosto de 2010, aceptó el pedido señalando:
“(…) le expresamos nuestra predisposición para apoyar la terminación de esta práctica comercial de la venta de combustibles que perjudica a la industria cerámica (…)“.
Bajo este pedido, el Ministro Wilson Pastor, a través de oficio 1121 DM-175-VH-2010, de 23 de agosto de 2010, dirigido al ministro de Finanzas, Patricio Rivera, solicitó un informe para proceder con la reforma del artículo 7 del decreto ejecutivo 338.
Faltaba únicamente la aprobación del ministerio de Economía para que se procediera con la reforma del decreto y con el especialísimo subsidio; empero, un proceso de investigación del legislador Cléver Jiménez, cuestionó los argumentos presentados por Cerámico.
CONTRALORÍA CUESTIONA PROYECTO BAJO ALTO
Dos años después de inaugurada la planta, el 4 de junio de 2013, la Contraloría General del Estado, emitió un primer informe sobre el proceso de contratación y ejecución del contrato para la provisión, instalación y puesta en marcha de la planta de licuefacción de Bajo Alto, Petrocomercial y Rox Roca Indox Cryo Energy S.L.U. Según el documento, la planta de licuefacción presenta una alarmante subutilización de su capacidad de operación, lo que ocasiona que el Estado haya dejado de percibir, USD 10 millones durante el período de investigación.
El informe especifica la entrega de apenas un promedio de 40 toneladas métricas día, que corresponde al 20% de su capacidad, de los cuales 20 TMD se despacha al grupo Graiman y 20 TMD al grupo Cerámico.
Además, señala que las autoridades de EP Petroecuador inobservaron la cláusula segunda objeto del contrato y el artículo 40 de la LOCGE (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado), al no realizar ninguna gestión para que la planta de licuefacción despache 200 toneladas métricas diariamente, desde el inicio de las operaciones hasta la fecha de corte del examen especial, lo que ocasionó dicha pérdida. A la par, añade que ninguna autoridad solicitó la suscripción del contrato con el grupo Cerámico de Cuenca para garantizar las entregas del gas, tampoco se realizaron gestiones a fin de que se reasigne los cupos a otras empresas interesadas.
En su informe de 2013, la Contraloría determinó también que la construcción de la planta de licuefacción se inició sin contar con la licencia ambiental, la cual se obtuvo 568 días después de haber iniciado la construcción del proyecto, lo que ocasionó que no se cuente con la predicción de los impactos ambientales para prevenir, controlar y mitigar las alteraciones ambientales y establecer la viabilidad ambiental del proyecto durante la etapa de estudios y ejecución de las obras, careciendo del plan de manejo ambiental cuyo cumplimiento debió ser evaluado durante la ejecución.
“Se puede comprobar entonces, que el grupo cerámico Eljuri durante el período examinado por parte de la Contraloría, no utilizó el cupo asignado de gas natural licuado por la Subsecretaría de Gas Natural y Desarrollo, y que tanto el Ministro y Subsecretario de Desarrollo de Gas Natural, no realizaron ninguna gestión para reasignar los cupos, situación que se corrobora con lo expuesto por el Ministro de Recursos Naturales No Renovables quien en oficio 01-SN-DGN-CDH-201, de 26 de junio de 2012, donde señala que en el balance de despacho de gas natural licuado de la planta de licuefacción que inició en junio 2012 con 60 TMD, llegando a despachar 156 TMD hasta diciembre 2012, esto significa que el despacho a esa fecha ocupaba más del 78% de la capacidad nominal de la planta de licuefacción“, concluye el organismo de control.
Con lo expuesto, es pertinente la pregunta: ¿Se justificó la construcción de una planta diseñada especialmente para beneficiar a grupos empresariales que ni siquiera están en capacidad de atender sus propios requerimientos?
EL SECTOR SOCIAL TAMBIÉN ES UNA VÍCTIMA
Toda empresa, sea pública o privada debe ser concebida con criterios de eficiencia y sostenibilidad, social, ambiental y financiera. Además de suministrar gas al grupo empresarial, se puso en marcha la distribución del combustible por tubería para uso doméstico a la población de Bajo Alto, que cuenta con 450 familias. Esta iniciativa constituyó “el lado social del negocio“ con el cual se pretendió justificar un proyecto que está generando pérdidas y que pone en evidencia las contradicciones del régimen en materia de subsidios. En Bajo Alto también se construyeron 72 viviendas para la comunidad, proyecto conocido como ciudad del milenio.
Los habitantes de Bajo Alto hicieron su vida en el mar. La mayoría eran pescadores. Eran, porque luego de la construcción de la planta de gas, cuentan que las actividades de pesca se han reducido sustancialmente, debido a la contaminación generada por las actividades hidrocarburíferas. Como ironía del destino, una de las mujeres retrata la historia de su esposo: gracias al gobierno ahora tenemos gas en las casas y algunos tienen hasta casa, pero mi marido ya no tiene que pescar porque ya no hay pescado, ahora trabaja de albañil, cuando encuentra algo por ahí
.
Igualmente, Betty del Rosario Yagual repite el lamento: “yo tengo seis botes, pero hoy ninguno salió a pescar. Ya no es rentable, a veces no alcanza ni para el combustible”, dice esta mujer que, en los buenos tiempos, consiguió ampliar su flota artesanal.
PREMIO AL INCUMPLIMIENTO E INEFICIENCIA
Las reservas remanentes de gas natural del Ecuador se encuentran principalmente en el bloque Amistad, ubicado en el golfo de Guayaquil, a 65 kilómetros de Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Están estimadas en 170.000 millones de pies cúbicos y se prevé que, con la producción actual, las reservas se agotarán en un tiempo aproximado de 10 años.
Apenas transcurrido un mes a la firma del contrato del bloque Amistad, en el Golfo de Guayaquil, el 31 de julio de 1996, EDC vendió el proyecto en $775 millones a Samedan Oil sin sujetarse a los procedimientos legales procedentes, según los cuales se debía contar con el permiso del Estado ecuatoriano y pagar la correspondiente prima. EDC se convierte de esa manera tan solo en el operador de la nueva empresa propietaria. Este proceso se realizó a través de otra compañía: Noble Afiliates, principal subsidiaria de Samedan Oil. Este procedimiento, calificado de ilegal, fue denunciado por Jaime Galarza, autor de los libros “El Festín del Petróleo” y “Los piratas del Golfo”. Actualmente, Galarza es simpatizante de la revolución ciudadana y el 16 de febrero de 2007, en una carta abierta dirigida a Alberto Acosta, entonces ministro de Energía y Minas, expuso su reclamo.
El año 2009, Petroecuador notificó al ministro de Recursos Naturales, con el inicio de un proceso legal de caducidad del contrato de EDC, debido a una cadena de irregularidades y violaciones contractuales que generaban perjuicios económicos al país.
Sin embargo, los cuestionamientos de Galarza y el pedido de caducidad de Ep Petroecuador, quedaron en el papel. A pocos días de que venza el plazo para la aplicación de la cláusula transitoria que obligaba a migrar los contratos petroleros a la modalidad de Prestación de Servicios (Noviembre de 2010), el ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor, liberó de responsabilidad de EDC, negando la caducidad y dando paso a la indemnización económica, por USD 80 millones.
Efectivamente, el 11 de noviembre de 2009, Ep Petroecuador notificó a EDC con un pliego de incumplimientos legales, contractuales y reglamentarios que se habían encontrado en sus operaciones, dentro de los cuales resaltaban niveles de inversión inferiores a los acordados y discrepancias entre ingresos y gastos de EDC y Machala Power. Le concedió un término de diez días para que conteste o remedie los incumplimientos. El 31 de diciembre del mismo año, el presidente de Petroecuador solicitó a Wilson Pastor, ministro de Recursos Naturales no Renovables (MRNNR), iniciar el proceso de caducidad.
Ante este pedido, Pastor envió un oficio al presidente Rafael Correa, sustentado en la investigación al contrato del Bloque 3 –campo Amistad- y Machala Power, realizado por la consultora contratada por el ministerio Gaffney Cline & Associates. En el documento DM-VH-2010, de 26 de agosto de 2010, en el que comunica: “De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, este Contrato debe migrar al modelo reformado de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos o terminarse de manera unilateral hasta el 23 de noviembre de 2010“.
En junio de 2011, un año y medio después del pedido de caducidad por parte de Petroecuador, el campo Amistad y Machala Power pasaron a manos del Estado ecuatoriano. Sin embargo, la solicitada y fundamentada caducidad del contrato no tuvo lugar; el Gobierno prefirió el pago de USD 74 millones ($80 millones, menos $6 millones de impuestos pendientes de pago) a EDC por las plataformas del bloque 3 y Machala Power.
Podría entenderse que Correa prefirió un arreglo con EDC, antes que enfrentar un posible juicio en el CIADI si procedía con la caducidad. Así, la ley y los discursos radicales quedaron en el papel. La evidencia documental es que, existiendo suficientes argumentos legales para proceder con la caducidad del contrato, según se desprende del informe de Gaffney & Cline, y del pedido de Petroecuador, se acabó absolviendo graves irregularidades y serias violaciones contractuales a EDC, y al final pagando a la multinacional, USD 80 millones por equipos obsoletos. Y como corolario infaltable, la arenga nacionalista.
El 9 de junio de 2011, el presidente Rafael Correa, en la entrega oficial de la plataforma del campo Amistad habló de nacionalización: “Estamos recuperando lo que es nuestro. Por contratos mal diseñados, pasó muchos años en poder de una empresa extranjera sin aumento de producción (…) Luego de negociaciones hemos nacionalizado Machala Power para aumentar la extracción de gas“, dijo, mientras abrazaba a comuneros de Bajo Alto, junto a Jorge Glas Espinel. Una costosa nacionalización, dirían los entendidos, si se considera que con la caducidad contractual la infraestructura pasaba sin costo a manos del Estado.
El mito de la existencia de millonarias reservas de gas natural en el Golfo de Guayaquil, condujo a la firma de un atropellado e ilegal convenio con la petrolera estatal Pdvsa, luego de un acuerdo con el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, para la explotación de gas en la Isla Puná.
Como parte del contrato, la torre CAV 23 de Pdvsa perforó 1 pozo considerado el más caro de la historia (USD 45 millones), el cual resultó improductivo. De acuerdo con criterios de técnicos petroleros, el fracaso pudo evitarse si la gigante petrolera hubiese realizado previamente sísmica tridimensional (3D) para confirmar la existencia de gas o petróleo; pero se arriesgó, perforando con el simple pálpito. Los resultados pusieron en vereda a Pdvsa que debió abandonar el proyecto, intentando pasar la factura de su imprudencia a Ecuador. La tentativa no prosperó, una oportuna denuncia impidió ese pago.
Tomado de Focus Ecuador
http://focusecuador.com/2015/07/10/se-hunde-bajo-alto-proyecto-estrategico-correista-del-gas/
Fernando Villavicencio Valencia
@fevillavicencio