Los derechos de los trabajados aumentaron y con ellos creció el desempleo, hasta llegar a la catastrófica realidad en que de 12 millones de ecuatorianos en edad de trabajar solo 3 millones tienen empleo pleno, es decir 1 de cada 4 ecuatorianos gozan de esos derechos adquiridos en las «conquistas laborales» y el resto se quedó fuera. Convirtiendo al trabajo en un privilegio, es decir todo lo contrario de lo que se quiso hacer.
Cómo fue que llegamos hasta aquí?? los abusivos nos pusieron en este lugar, patronos que contrataron sin respetar los beneficios del trabajador, y trabajadores que no denunciaron, autoridades «perezosas» que en vez de controlar, quiso que la nueva haga su trabajo. Esa desconfianza en el empresario aun nos mantiene en este punto muerto y atados a la ley actual.
Resulta muy costoso contratar en Ecuador porque el empresario debe tener a la mano una reserva en caso que un empleado renuncie o se vea forzado a despedirlo, ya que nuestra ley penaliza las desvinculaciones del trabajador, según dicen: «para protegerlo del desempleo». Este rubro de reserva suele ser enorme en el caso de las empresas grandes, dinero que no lo utilizan ni en inversión o como parte de su capital de flujo. Para minimizar este peso financiero, las empresas simplemente contratan menos.
El problema tiene un tamaño de 9 millones de ecuatorianos entre desempleados y subempleados, que no tendrán jubilación, tampoco seguro social. Pero esto también afecta a los que si tienen empleo porque sus servicios sociales están desfinanciados, precarizando su estándar de vida con hospitales saturados, servicios deficientes y jubilaciones muy bajas. Un país con un costoso sistema de salud público para atender a los no afiliados, que termina siendo financiado por los aportantes formales, es decir por quienes si tienen trabajo.
Pero si los desempleados aportaran al IEES el problema tendría una mejor esperanza de solución porque al aumentar la planilla laboral del país, el IEES contara con más liquidez que serviría para mejorar su plan de salud, la jubilación y además se redujera la demanda de sistema gratuito de salud, ya que la mayoría utilizaría el IESS. Es decir, todo es un círculo vicioso positivo pero que actualmente es negativo porque no aumentamos el empleo en el país.
¿Cómo empezó todo?
Todo empezó cuando Correa se vio con un gran flujo de capital venido del último Boom Petrolero y en su afán de desvalorizar el rol empresarial, ofreció grandes oportunidades laborales en la burocracia, con sueldos que hasta duplicaban la oferta económica privada, generando así una migración laboral del sector privado al público y elevando el estándar de vida de los ecuatorianos. Pero este falso bienestar duró poco ya que el petróleo cayó y los ecuatorianos se lo gastaron todo. Para apaciguar esta catástrofe, Correa trasladó los fondos del IESS a la construcción de carreteras y otras obras, lo cual puso más dinero en las calles pero tampoco sería una fórmula ganadora porque al terminarse las construcciones solo quedaron múltiples empresas dependientes del Estado sin trabajo, el IESS desfinanciado y los sectores industrial, de exportaciones y agrícola pecuario en el olvido.
El inversionista extranjero que quiere invertir en Ecuador, al ver nuestras políticas laborales, su alto costo y la carencia de incentivos reales, ni siquiera se molesta en gastar en un pasaje a nuestro país, simplemente apunta hacia otro destino y ahí Perú, Colombia, Chile o Panamá les abren las puertas con múltiples beneficios, como descuentos de impuestos, leyes laborales mucho más flexibles, incluso créditos hechos para el inversionista con tiempos de gracia e intereses preferenciales.
Al final los únicos beneficiarios de este problema son los bancos, puesto que ellos guardan el capital que las empresas requieren mantener como colchón de contingencia para eventuales liquidaciones o renuncias de sus trabajadores. Si el empresario no contara con esos fondos y se presenta una inestabilidad económica, las penalidades de la ley actual les podrían hacer quebrar. Recordemos que el correísmo impuso que se garantice las empresas con los activos de la empresa y de sus socios, es decir que si algo le sucede a la empresa, los socios podrían sufrir el embargo de dinero, casas y vehículos. Por este motivo los empresarios prefieren asegurarse y contratar solo al personal que pueda estar garantizando con su fondo de liquidación.
El correísmo dejó blindado el problema como está sin solución porque los escribió en la constitución, es decir que la única forma de resolver este lío se daría con otra constitución o una consulta popular para enmendar a la actual. Una garantía para los que tienen empleo pero una pesadilla para los que no lo tienen y para el emprendedor honesto.
Creyeron que se eliminarían las empresas de papel, aquellas que bloqueaban la entrega de utilidades a los empleados, pero no solo que aumentó la informalidad y el abuso sino que aumentó el desempleo. Más leyes o más derechos, no significa que tengamos un mejor país. Un mejor país es aquel donde sus ciudadanos sean más activos en denunciar y proponer cambios beneficiosos para todos y no solo para ellos mismos, donde las autoridades castiguen a los abusivos y ofrezcan mecanismos para recibir denuncias las 24 horas, donde el empresario cumpla sus obligaciones con responsabilidad. Porque en la actualidad estamos evitando un abuso sustituyéndolo por otro abuso, en una guerra entre empleadores y trabajadores en la que ambos se están perjudicando.
Hoy por hoy Ecuador con todo y nuestras hermosas leyes no es un lugar amigable con el inversionista, ni con el trabajador, ni con el empresario. Y si sigue siendo tan costoso contratar en Ecuador, el empresario poco a poco preferirá a las máquinas en vez de seres humanos.
Por Boris Mantilla