Por Gustavo Palacio Urrutia.
Desde que Correa formalizó su anuncio de que no participaría en los comicios del 2017, como resultado de las crecientes protestas ciudadanas que se oponían a las enmiendas y a su reelección indefinida al grito de Fuera Correa Fuera, los dirigentes de la oposición dejaron de coordinar acciones para la recuperación de la democracia.
Esta tregua inesperada le convino al régimen, el cual ha optado por una estrategia de sobrevivencia hasta el 2017, que incluye acciones reñidas con la constitución y la ley, que afectan los intereses nacionales, con miras a colocar un gobierno títere para asegurar la continuación del proyecto de la “revolución ciudadana”.
En las últimas semanas sin embargo, debido a la profundización de la crisis tanto económica como política provocada y agravada por el gobierno, a la que se suman alarmantes actos de corrupción, empiezan a pronunciarse voces a favor de una terminación anticipada del mandato de Correa. Así, en algunos medios de comunicación se ha empezado a debatir la disyuntiva de si se debe permitir que Rafael Correa continúe y termine su mandato en mayo del 2017 o si conforme lo han señalado multitudes de ecuatorianos en las calles, para evitar la debacle del país, se lo obligue a dejar el cargo, tal como ha ocurrido con otros líderes antipopulares en el pasado.
Para hacer un análisis sobre la disyuntiva señalada, conviene ponderar los pro y los contra de cada una de las dos alternativas. A favor de la primera se argumenta que de esta manera se lograría desgastar hasta su mínima expresión al correísmo en el país, a la vez que se garantizaría la estabilidad democrática y se precautelaría la imagen internacional del país. Esto bajo el cálculo de que la debacle económica sería de tal magnitud que la imagen del caudillo quedaría por los suelos al punto de que no podría aspirar jamás a ningún cargo público. El reparo a esta perspectiva es sin embargo que el remedio podría resultar peor que la enfermedad, pues se corre el riesgo de que Correa siga cometiendo temerarios desafueros que afecten aún más al país, agudizando el resquebrajamiento de su economía, su institucionalidad democrática e integridad moral.
Escépticos consideran incluso que Correa podría ser candidato, gracias al control de la Corte Institucional, y que finalmente optaría por hacer fraude a favor de él o de un candidato títere que continúe con el correísmo y le cuide las espaldas. Para aquello no tiene que sino hacer uso del poder efectivo que ejerce sobre el Consejo Electoral. Igualmente los analistas económicos no descartan la posibilidad de que Correa siga acumulando deuda externa y pública, u opte por mecanismos de apropiación impune de fondos institucionales privados, como es el caso de las aportaciones del IESS, los ahorros del gremio de los maestros, o el fondo del ISSFA de las Fuerzas Armadas; o empiece a usar dinero inorgánico o incluso los fondos de los depositantes en el sistema financiero privado, depositados parcialmente en el Banco Central. Actos ilegales que se justifican al interior de Alianza País por la necesidad de obtener los recursos financieros para cubrir el “bache” del presupuesto del 2016 y llegar airosos a las elecciones de febrero de 2017. Un escenario posible a la vez que dramático que permitiría a Correa con algo de suerte decir como Luis XV “después de mi el diluvio” y asegurar su impunidad.
Cabe señalar que dicha estrategia política de Correa coincide con los intereses de actores económicos y políticos, incluso dentro de las propias filas de la oposición. Como lo hemos señalado en artículos de coyuntura anteriores, sobran los intereses de negocios y cálculos electorales entre líderes políticos y miembros de la élite empresarial para este efecto, que consideran que pueden controlar e incluso utilizar a un Correa débil y asustado.
Correa por su parte calcula que con una buena propaganda y palo en las calles logrará acallar la voz de descontento generalizado en el país. Correa y algunos de sus asesores estiman que en el país no existe el número adecuado de líderes ni sectores organizados lo suficientemente valientes para desenmascararlo y enfrentarlo, incluidas las Fuerzas Armadas.
Más allá de los diferentes elementos negativos señalados, considero dicha alternativa equivocada, parte de un falso dilema y una falsa disyuntiva. Para comenzar no tiene sentido dejar que se destruya el país, hasta mayo del 2017, por cálculos sobre un supuesto desgaste del populismo. Si permitimos que se destruya el país (para destruir a Correa) simplemente pierde razón de ser la lucha por la democracia, sea que se haya acabado o no con la imagen política de Correa. En otras palabras, la auto destrucción para eliminar a Correa es una premisa que se auto descarta.
Respecto de la segunda alternativa, se ponderan asimismo sus posibles beneficios y los altos riesgos de la misma. Se considera que sería de gran beneficio para el país pues permitiría recuperar la confianza de los agentes económicos. Sobre todo se terminaría con la destrucción sistemática, diaria, tanto de la democracia como de la economía. Se podría recuperar la libertad de expresión, la división e independencia de poderes. Se lograría poner fin al endeudamiento externo oneroso, así como a la amenaza de extinguir el sistema de seguridad social existente en el país, incluido el de las Fuerzas Armadas.
Entre los aspectos negativos, se considera que Correa aprovecharía de esta situación para victimizarse y hacer aparecer su destitución (ó renuncia) como un golpe de estado, tal como lo hizo el 30 de septiembre del 2010, lo que le permitiría salir del país sin rendir cuentas a la justicia por los arbitrariedades de su dictadura. Salida que además le permitiría regresar al Ecuador en un futuro cercano para postularse nuevamente, en calidad de líder populista carismático y de izquierdas a la presidencia y restablecer el reinado de la revolución ciudadana.
Considero que al igual que la primera alternativa, la segunda tampoco es válida para los intereses del Ecuador, justamente porque no se requiere dar un golpe de Estado para que el país recupere su democracia. Se debe recordar que todos los políticos de oposición estiman que el régimen de Rafael Correa atenta de manera permanente contra la democracia y que forma parte de un proyecto internacional de carácter autoritario y/o totalitario en la región, vinculado a su vez a un juego de poder hegemónico que busca menoscabar a occidente desarrollado. A esto se añade que una buena parte de la oposición de base y de la opinión pública lo considera como dictatorial. Es debido precisamente a la ausencia de libertad y democracia, esenciales para el convivir nacional, que se vuelve imperativo, y en derecho para la sociedad, su restablecimiento por las vías legales posibles. En el caso particular de nuestro país significa la renuncia o destitución del dictador y su gobierno.
Por lo expuesto, podemos afirmar que las dos alternativas planteadas constituyen un falso dilema que no brinda alternativas válidas al país.
Es necesario resaltar que plantearse la coyuntura actual, como una disyuntiva de dos opciones negativas, es hacerle el juego a Correa, pues es eso precisamente lo que él quiere que piensen en las actuales circunstancias tanto los políticos como la población. La esencia de su plan es precisamente que escojan entre dos alternativas que de una u otra manera lo benefician: “o me aguantan, y cometo cuanto desafuero me de la gana hasta el 2017, ó me botan (Plan B) con un golpe de Estado inconstitucional”. La conclusión en ambas situaciones es obvia, él dictador saldría ganando.
Cabe añadir que la disyuntiva y alternativas señaladas coinciden con la actuación del régimen correísta para reafirmar su autoritarismo y control del poder total. Del análisis de ambas alternativas se desprende que Correa aspira continuar en el poder, de una manera u otra, sea él directamente o con un títere figurando como presidente, tanto para el período 2017 como para el de 2021. Contexto que explica a su vez la feroz arremetida de Correa y su camarilla en contra de las Fuerzas Armadas, institución que el régimen quiere cooptar, pues teme que conforme la tradición de garantes de la democracia, opte por apoyar la voluntad de la mayoría de ecuatorianos que demandan el fin del correísmo.
Cabe subrayar también, que no es coincidencia que dicha cooptación, conforme lo demostró Hugo Chávez, representa un elemento clave para la aplicación de un proyecto fascista de largo plazo, tanto por el uso monopólico de las armas como por la capacidad para ejercer control sobre la sociedad y los individuos.
Es interesante notar en este sentido los esfuerzos del régimen por construir un enconado discurso de antagonismo y división social con el ánimo de menoscabar la moral de la institución, así como de posicionar la idea de que las Fuerzas Armadas representan el nuevo “enemigo de la revolución”. Mensaje que, no por casualidad, está dirigido especialmente a los sectores más amplios de la pirámide institucional, así como de la sociedad en general.
EXISTE UNA SALIDA AL FALSO DILEMA CORREISTA?
Estimo que en este momento existe la suficiente conciencia social y argumentos jurídicos para pensar en una alternativa legal que conjugue el interés nacional con las aspiraciones de la población para restaurar la democracia. Esto es preservar al país de la destrucción correísta, a la vez que desmontar el correísmo mediante una salida democrática y constitucional, que incluso ayude a mejorar la deteriorada imagen internacional del país y contribuya a recuperar la confianza para brindar estabilidad económica.
Esta salida consiste en demandar la destitución de Rafael Correa por haber violado la constitución y las leyes del país, en el contexto del derecho a la resistencia establecido en la constitución. Dicho pedido podría ser realizado por un grupo de dirigentes y líderes sociales comprometidos, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, con el debido respaldo de la ciudanía movilizada para el efecto, ante la Corte Constitucional del Ecuador.
Es necesario hacer conciencia de que la mencionada salida constitucional para el restablecimiento de la democracia, argumentada desde una perspectiva doctrinaria del derecho, podría cristalizarse a través de un gobierno provisional que convoque a una nueva Asamblea Constituyente y a elecciones adelantadas. Para este propósito sirve muy bien el ejemplo de Clemente Yerovi, quien lideró la transición del país a la democracia, luego de que terminó la dictadura militar en el año 1966.
Dicho gobierno además contaría con la legitimidad y el apoyo popular suficiente para introducir varias reformas que permitirían desmontar el entramado jurídico autoritario de la dictadura correísta, y desactivar el control sobre el sistema de justicia y los organismos de fiscalización. Podría asimismo convocar a un referéndum para adoptar medidas de emergencia económica para salvar la dolarización y lanzar un plan de ayuda a los sectores sociales más necesitados.
Es necesario destacar que planteamientos de similares características han sido formulados y difundidos a través de algunos medios independientes por varias figuras políticas: Francisco Huerta, Enrique Herrería, Enrique Ayala, Carlos Pérez Guartambel. Siguiendo esta línea, recientemente Lucio Gutiérrez planteó que se adelanten las elecciones. Guillermo Lasso lo ha mencionado, aunque con la reserva de que esta iniciativa lamentablemente no esta estipulada en la constitución, pero dejando entrever la posibilidad de que la idea tome cuerpo.
Es claro que la mencionada alternativa es valida en término teóricos, pero que en la práctica demandará de una condición absolutamente necesaria: la movilización, participación y apoyo de la ciudadanía, así como del apoyo de las Fuerzas Armadas.
Al parecer la tradición de las Fuerzas Armadas, tal como quedó demostrado recientemente, se mantiene íntegra, es decir que en los momentos decisivos estarían del lado del pueblo ecuatoriano.
Con relación a la movilización y participación de la ciudadanía, es necesario tomar en cuenta que existen dos sectores de masas politizadas importantes en el Ecuador en la actual coyuntura: Por un lado está la clase media, con todas sus capas, desde las altas hasta las medias y bajas, y que se ubica tanto en el sector público, como privado e informal. Dicha clase media, que se destacó por su vigorosa protesta en Quito en contra de la dictadura a lo largo del 2015, así como en otras ciudades del país, está lista a salir a las calles de darse una amplia convocatoria con objetivos concretos. Deberá ser una convocatoria que trasmita confianza y credibilidad, pues como otros sectores dicha clase media resiente que durante las jornadas de verano del 2015 no haya existido una dirección con objetivos claros para poner fin al correísmo, y de que se haya querido desvirtuar el grito de la protesta popular de “Fuera Correa Fuera”.
Un segundo grupo igual o más importante, altamente politizado, lo constituyen los sectores sociales de trabajadores, y otros gremios afines, así como el movimiento indígena. Dichos grupos, en particular el movimiento indígena, están conscientes de que su participación en términos de movilización y protesta social es clave en la actual coyuntura, para poner fin al correísmo. Asimismo comprenden la importancia de sentar las bases para una negociación que va más allá del peligro del correísmo en la coyuntura, que supera lo electoral, que es de largo plazo y que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico y político que se requiere en el Ecuador.
Los indígenas y los movimientos sociales están conscientes de que en la actual crisis política y económica es imprescindible plantear los términos de una unidad en función de los cambios que la sociedad requiere para que las condiciones de exclusión que dieron luz al correísmo, y su modelo autoritario y extractivista, no vuelvan a repetirse. En el caso del movimiento indígena, dicho sector está además llamado a ejercer un liderazgo en el ámbito de la lucha por reducir las causas y los efectos devastadores del cambio climático, en términos de adaptación y mitigación, lo que atañe directamente a la forma de producir y de consumir de la sociedad capitalista actual y que demanda la búsqueda urgente de alternativas de desarrollo.
Es evidente que ningún acuerdo nacional ni modelo nuevo de país puede prescindir de sus planteamientos para la preservación de la biodiversidad, para superar el extractivismo y para construir una sociedad más justa y equitativa, tolerante, no racista.
Dicho acuerdo y modelo de país exige que los movimientos sociales, así como el movimiento indígena, de trabajadores, y pequeños comerciantes, se sienten a la mesa de negociación con iguales derechos que la élite política, los grandes empresarios y partidos tradicionales.
No está lejos tampoco la posibilidad de que de dichas negociaciones surja una alianza fortalecida que cubra el amplio espectro de la centro izquierda, llamada a jugar un rol fundamental en la restauración democrática del país.
Artículo original en LibreEcuador.com